El Alto, Bolivia.– Meses después del devastador 4cc1d3nt3 protagonizado por un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), las historias de las familias alcanzadas por la aeronave continúan revelando la dimensión humana de una de las mayores tr4gedias registradas este año en El Alto.
El siniestro ocurrió la tarde del viernes 27 de febrero de 2026, cuando el avión de carga salió del área de la pista durante las maniobras de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de El Alto y terminó alcanzando vehículos que circulaban por la avenida Costanera, en inmediaciones del puente Bolivia.
El Ministerio de Salud y Deportes informó inicialmente que 22 personas perdieron la v1da, entre ellas cuatro menores de edad. Posteriormente, el comandante regional de la Policía de El Alto, Carlos Valencia, comunicó que el balance había aumentado a 24 f4llecidos. Los diferentes reportes oficiales y periodísticos también situaron en decenas el número de personas l3sionadas.
Detrás de esas cifras quedaron familias prácticamente destruidas.
Una familia regresaba de celebrar un cumpleaños
Una de las historias conocidas después del 4cc1d3nt3 corresponde a una familia que regresaba a su vivienda luego de haber celebrado el cumpleaños de la madre de una joven.
De acuerdo con el testimonio ofrecido por una familiar a la Agencia de Noticias Fides (ANF), entre quienes perdieron la v1da se encontraban Lourdes, Diego e Isaac, además de un bebé que estaba en camino.
La madre de la joven explicó que sus familiares habían estado en su vivienda alrededor de las cuatro de la tarde y decidieron regresar rápidamente a casa debido a la lluvia.
Nunca imaginaron que aquel sería su último encuentro.
La familia fue sepultada posteriormente en el cementerio Mercedario de El Alto, mientras sus seres queridos enfrentaban un proceso de duelo que también estuvo acompañado por reclamos de asistencia.
Marcial Pérez perdió a gran parte de su familia
Otro de los testimonios más estremecedores fue el de Marcial Pérez, quien tuvo que trasladarse hasta El Alto después de recibir la noticia de que varios integrantes de su familia habían sido alcanzados por el avión.
Entre las víctimas identificadas se encontraban su esposa, Guillermina Murga Quispe, y su hijo Misael Pérez Murga.
Marcial relató públicamente que aquello parecía un sueño y que jamás había imaginado enfrentar una situación semejante.
Varios integrantes de su familia fueron trasladados hasta Tacacoma, en la provincia Larecaja del departamento de La Paz, para recibir sepultura. Otros fueron enterrados en El Alto.
En medio de la devastación surgió además la historia de Rubén Marcelo Pérez, hijo de Marcial, quien sobrevivió al 4cc1d3nt3 y requirió una compleja atención hospitalaria debido a las graves l3siones que sufrió.
Rubén Marcelo tenía 12 años y permaneció bajo cuidados médicos especializados. Su historia movilizó posteriormente a autoridades y ciudadanos que buscaron colaborar con su recuperación.
La familia de Julio Lazo también fue alcanzada
El abogado Miguel Chávez denunció inicialmente que la familia de Julio Lazo Mamani, otra de las víctimas, había tenido que asumir gastos relacionados con el sepelio.
Julio conducía un minibús por la avenida Costanera cuando la aeronave alcanzó el vehículo.
Dentro viajaban varios miembros de su familia.
Entre las sobrevivientes estuvo Lourdes Lazo Murga, hija de Julio, quien posteriormente relató cómo consiguió salir de los restos del vehículo después del impacto.
La esposa de Julio también sobrevivió, mientras otros familiares perdieron la v1da.
Miguel Chávez explicó que el minibús quedó completamente destruid0 y reclamó que también se respondiera por la pérdida del vehículo, debido a que constituía una herramienta de trabajo para la familia.
Familias denunciaron inicialmente falta de apoyo
Durante los primeros días posteriores al 4cc1d3nt3 surgió una controversia relacionada con la asistencia económica.
Miguel Chávez declaró a ANF que familiares de Julio Lazo habían asumido inicialmente los gastos y afirmó que ninguna autoridad gubernamental se había presentado ante ellos, con excepción del vicepresidente Edmand Lara, quien acudió al velorio.
Según Chávez, una autoridad de la Fuerza Aérea Boliviana había proporcionado a la familia un número telefónico para establecer contacto con los militares.
Sin embargo, desde el Gobierno se presentó una versión diferente.
La entonces ministra de Educación, Beatriz García, sostuvo que las autoridades estaban brindando apoyo a las familias afectadas y particularmente al menor que permanecía hospitalizado.
Días después, el 6 de marzo, la propia Fuerza Aérea Boliviana informó públicamente que había asumido la “cobertura total” de los gastos funerarios y que trabajaba además en mecanismos de indemnización y resarcimiento por los vehículos afectados.
Por tanto, el señalamiento de que el Gobierno se “desentendió” corresponde principalmente a las denuncias formuladas por familiares durante los primeros días y no describe por sí solo toda la respuesta institucional posterior.
Rodrigo Paz declaró tres días de duelo nacional
La magnitud del desastre llevó al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, a declarar tres días de duelo nacional.
El mandatario dispuso que las banderas permanecieran a media asta y aseguró que las autoridades debían brindar atención a las familias y desarrollar una investigación transparente para determinar qué ocurrió.
El vicepresidente Edmand Lara también estuvo presente en al menos uno de los velorios de las familias afectadas.
Mientras tanto, el obispo de El Alto, Giovani Arana, encabezó una misa en el lugar del siniestro durante el domingo posterior al 4cc1d3nt3.
¿Qué ocurrió con el avión?
La aeronave involucrada era un Hércules C-130 perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana y operado en labores de Transportes Aéreos Bolivianos (TAB).
El avión transportaba un cargamento de billetes destinado al Banco Central de Bolivia (BCB) cuando ocurrió el 4cc1d3nt3.
La aeronave salió de la pista durante el aterrizaje y avanzó hacia una zona exterior del aeropuerto, alcanzando vehículos y personas.
La FAB informó posteriormente que a bordo viajaban ocho tripulantes. Siete sobrevivieron inicialmente con l3siones y uno perdió la v1da. Entre las autoridades que ofrecieron información durante las primeras investigaciones estuvo el coronel Ricardo Alarcón, integrante de la Junta de Accidentes Aeronáuticos.
Meses después, el proceso judicial continuaba. El piloto identificado públicamente como Erick R. Z. fue imputado junto con el copiloto por los presuntos delitos de h0micidio culposo y l3siones culposas. En julio, un juez le concedió detención domiciliaria y una fianza de 60.000 bolivianos. La imputación no equivale a una declaración definitiva de culpabilidad.
Los nombres publicados oficialmente
Entre las víctimas identificadas públicamente por el Ministerio de Salud aparecen Salomé Quispe Mamani, Guillermina Murga Quispe, Gabriela Condori Blanco, Senovia Aro Apaza, Nancy Huayhua Flores, Cristina Massi de Arias, Luz Noemí Mamani Lazo, Arlet Nicol Quispe Condori y Misael Pérez Murga, entre otras personas incluidas en la nómina oficial.
En los testimonios y posteriores reportajes también aparecen los nombres de Julio Lazo Mamani, Lourdes Lazo Murga, Marcial Pérez y Rubén Marcelo Pérez, cuyas familias quedaron directamente afectadas por el desastre.
La entonces ministra de Salud, Marcela Flores Zambrana, fue una de las autoridades responsables de ofrecer los primeros balances sobre las víctimas y las personas hospitalizadas.
Una tr4gedia que continúa bajo investigación
Más allá de las cifras, el desastre dejó familias que perdieron simultáneamente a varios de sus integrantes, sobrevivientes enfrentando largos procesos médicos y trabajadores que quedaron sin los vehículos que constituían su sustento.
También abrió interrogantes sobre las causas que permitieron que un avión militar abandonara la pista y alcanzara una avenida transitada.
La investigación y los procesos judiciales posteriores buscan determinar las responsabilidades correspondientes.
Para familias como las de Marcial Pérez y Julio Lazo Mamani, sin embargo, las consecuencias comenzaron mucho antes de cualquier resolución judicial: empezaron aquella tarde del 27 de febrero, cuando una aeronave salió del aeropuerto y en cuestión de segundos cambió para siempre la historia de numerosos hogares de El Alto.
