En Santo Domingo, un video grabado por Martha Vanessa Chevalier ha generado controversia y preocupación debido al presunto uso indebido de un vehículo retenido por parte de dos fiscales vinculados al caso Wander Franco. La denuncia fue expuesta por el periodista Ramón Tolentino durante su intervención en el programa Esto No Es Radio.
Según lo relatado, el automóvil en cuestión —un Suzuki Swift modelo 2023— fue confiscado por la Fiscalía de Puerto Plata durante un allanamiento realizado en la residencia de Chevalier, dentro de una investigación relacionada con su hija menor de edad y el pelotero profesional Wander Franco, quien enfrenta cargos por explotación comercial.
En el video, se aprecia a un fiscal, aparentemente secretario del titular Luis Martínez, conduciendo el vehículo, lo que motivó que Chevalier iniciara una vigilancia personal tras notar varias veces la circulación del automóvil.
Tolentino hizo énfasis en que hasta el momento no existe ninguna orden judicial que autorice el uso del vehículo, y mucho menos que permita a funcionarios públicos hacer uso del mismo, lo que podría constituir una violación de los protocolos legales.
Esta denuncia recuerda casos similares que han sido tratados en programas como El Informe con Alicia Ortega, donde se evidenció la utilización irregular de bienes confiscados, pese a estar bajo custodia oficial del Ministerio Público.
El abogado José Martínez Brito explicó que, conforme a la normativa vigente, cualquier bien retenido solo puede ser utilizado si existe una resolución judicial expresa y se ha notificado adecuadamente al propietario. De no cumplirse estos requisitos, el uso de dichos bienes podría considerarse un abuso de autoridad y un incumplimiento de los procedimientos establecidos. Además, el jurista indicó que los bienes incautados solo pueden incorporarse al patrimonio estatal tras la conclusión del proceso judicial correspondiente.
A la par, Chevalier ha denunciado públicamente la filtración de una imagen íntima tras la incautación de su teléfono móvil, lo que ha levantado cuestionamientos éticos sobre la gestión de las pruebas obtenidas en la investigación.
Respecto al estado del proceso, la madre de la joven enfrenta cargos por presunto lavado de activos desde julio de 2024.
La acusación sostiene que el vehículo fue comprado con dinero derivado de actividades ilegales relacionadas con la explotación comercial de su hija, una versión que la defensa rechaza, asegurando que los recursos provienen de sus más de catorce años laborando en el Banco de Reservas.
