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Kilmar Ábrego García

20 de abril de 2025
Kilmar Ábrego García

Una creciente indignación ha rodeado el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño con estatus legal en EE.UU., que fue expulsado del país norteamericano y confinado sin cargos en la megacárcel Cecot, en El Salvador.

La situación ha provocado una fuerte respuesta internacional, especialmente tras la visita del senador Chris Van Hollen, quien lo describió como un hombre «traumatizado y sumido en una profunda tristeza por su encierro injustificado.»

A pesar de haber vivido más de una década legalmente en Maryland con su esposa e hijos, todos ciudadanos estadounidenses, Ábrego fue deportado junto a más de 200 migrantes, bajo un controvertido acuerdo entre las administraciones Trump y Bukele.

Desde entonces, no ha tenido contacto con su familia ni ha recibido explicaciones oficiales sobre su detención. El propio vicepresidente salvadoreño habría confesado que “Trump está pagando” por mantenerlo privado de libertad, según Van Hollen.

Kilmar huyó de El Salvador hace años, escapando de amenazas de la pandilla Barrio 18. Sin embargo, el Gobierno estadounidense ha intentado vincularlo, sin pruebas, con la MS-13.

A pesar de un fallo de la Corte Suprema que ordena facilitar su retorno, ni EE.UU. ni El Salvador han actuado. En cambio, la Casa Blanca sigue aludiendo a una investigación inconclusa de 2022, en la que Ábrego fue detenido durante una parada de tráfico sin derivación a cargos.

Este caso ha sido calificado por organizaciones de derechos humanos como una “desaparición forzada” y ha puesto al descubierto el uso político de las deportaciones y las detenciones arbitrarias, dejando en evidencia la fragilidad del debido proceso para cientos de migrantes.

Migrante expulsado “por error” de EE. UU.

El acuerdo entre Washington y San Salvador establece un pago anual de 6 millones de dólares por parte del Gobierno estadounidense para sostener el sistema penitenciario salvadoreño, incluyendo la operación del Cecot, un penal que ha sido duramente cuestionado por múltiples organismos internacionales por prácticas que violan los derechos fundamentales de los detenidos.