Después de semanas de angustia e incertidumbre, las autoridades finalmente dieron un paso firme en la investigación del derrumbe ocurrido en la discoteca Jet Set.
Este miércoles, el Ministerio Público ejecutó la incautación oficial del local, una medida que marca un punto de inflexión en la búsqueda de responsables por el colapso del techo que dejó más de 230 fallecidos y al menos 180 personas heridas.
El procedimiento fue llevado a cabo por fiscales especializados en crímenes contra la persona, junto a agentes del DICRIM y técnicos del Cuerpo de Bomberos.
En la fachada del icónico establecimiento fueron colocadas cintas de seguridad, sellos judiciales y notificaciones, dejando claro que, desde ahora, las instalaciones quedan bajo la custodia del Estado y fuera de funcionamiento mientras avanzan los peritajes técnicos.
Familiares de las víctimas, quienes durante semanas han alzado su voz reclamando justicia y respuestas claras, consideran esta acción como un primer gesto institucional.
Han denunciado públicamente que la tragedia fue consecuencia directa de un abandono estructural y de la permisividad con que el lugar operaba, pese a sus condiciones.
La investigación apunta ahora hacia el análisis detallado de documentos clave, incluyendo licencias, permisos de operación y comunicaciones internas.
El Ministerio Público busca determinar si existieron fallas en el mantenimiento del local, irregularidades en la gestión o negligencia por parte de funcionarios con responsabilidades de supervisión. Mientras tanto, el Jet Set permanece en silencio, custodiado, y rodeado por velones, flores y retratos que evocan el recuerdo de quienes perdieron la vida.